loading . . . Vecinos de Tribulete interponen contra un fondo buitre la primera querella colectiva por acoso inmobiliario en España Las decenas de familias afectadas por la estrategia del fondo Elix Rental Housing en este bloque de Lavapiés emprenden una innovadora vía judicial ante los "repetidos episodios de 'mobbing' inmobiliario para conseguir que los vecinos abandonen sus viviendas lo antes posible"
La compra de un fondo que amenaza un bloque de Lavapiés: “Hay quien no buscará dónde vivir, sino dónde morir”
Nuevo paso al frente de los vecinos y vecinas del número 7 de la calle Tribulete, en el corazón de Lavapiés. Los residentes se siguen organizando contra el fondo Elix Rental Housing Socimi II, que pretende expulsarles de sus viviendas por mucho que continúen pagando sus alquileres, y su siguiente acción será pionera: la primera querella colectiva por acoso inmobiliario presentada en España.
Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las decenas de familias afectadas presentaron el escrito judicial el pasado 22 de mayo. “Desde que se enteraron de que la socimi Elix Rental Housing quería comprar su edificio a finales de enero de 2024, los vecinos del inmueble han sufrido coacciones y amenazas para que abandonen sus hogares”, argumenta la nota remetida a los medios.
La socimi completó la compra del bloque en marzo de 2024 e inició obras en noviembre, con la mayoría de inquilinos todavía viviendo en el edificio. “Desde que se iniciaron, se han sumado repetidos episodios de lo que se conoce como mobbing inmobiliario para conseguir que los vecinos abandonen sus viviendas lo antes posible. La policía y los bomberos han tenido que intervenir en varias ocasiones”, relatan.
El de Tribulete es uno de los edificios más significados y contestarios de entre los que han sido adquiridos por fondos o sociedades inmobiliarias en la capital, una tendencia creciente ante el lucrativo negocio de los alojamientos turísticos o temporales (previa expulsión de los inquilinos con alquileres tradicionales, usando todo tipo de estrategias para que se marchen incluso antes de que venzan sus contratos). El bloque se ha organizado para celebrar conciertos, representar el problema sacando los muebles a la calle o hasta acoger un funeral por la muerte de los barrios con actuación de Biznaga incluida. Con esta nueva acción en los juzgados inciden en una de sus proclamas: “El miedo ha cambiado de bando”.
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Los inquilinos del número 7 de Tribulete reciben desde hace meses, conforme se acercaba la fecha de fin de sus contratos, los respectivos burofaxes con la comunicación de que los alquileres no se renovarán. Se trata de inmuebles antiguos y sin calefacción que durante décadas gestionó una familia rentista que recientemente decidió vender el bloque. Los alquileres varían entre los 550 y los 900 euros, precios que ya son prácticamente imposibles de encontrar en la zona, pero que la antigua propiedad mantenía a cambio de contrapartidas como que los inquilinos sufragasen el IBI o la tasa de basuras.
Hasta que apareció la sociedad Elix Rental Housing Socimi II, creada por la empresa de capital riesgo AltamarCAM Partners y la gestora inmobiliaria Elix. El presidente de AltamarCAM, Claudio Aguirre, es primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esta es la segunda socimi vinculada a AltamarCAM y la primera dedicada a la reforma de inmuebles de alquiler, según anunció la propia compañía a finales de octubre de 2023. Su estrategia es “dar respuesta a la obsolescencia y escasez de vivienda en alquiler de calidad en el centro de la ciudad”, un plan que han replicado en puntos de Chamberí, Tetuán o Ciudad Lineal.
La deriva de esta vía judicial puede marcar además el devenir no solo de este proceso de desalojo, sino el de muchos otros que se viven actualmente en la ciudad. Residentes de Mesón de Paredes 88 (también en Lavapiés), Modesto Lafuente 8 (Chamberí) o General Lacy 22 (Arganzuela) llevan meses denunciando prácticas similares de acoso inmobiliario por parte de la propiedad de sus bloques.
Estas maniobras van desde la dejación de funciones en obras de mantenimiento básico hasta la ejecución de otros trabajos sin consulta previa a los arrendatarios, pasando por técnicas aún más hostiles como el cambio de los suministros de los inquilinos sin autorización alguna de los titulares o la visita de supuestos mediadores para amedrentar a vecinos.
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