loading . . . España sabe desde hace un año que viola un tratado europeo por dejar sin luz a la Cañada Real: "Juegan a hacerse los sordos" El 26 de febrero de 2025, el comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó su resolución a una demanda colectiva presentada por cinco organizaciones, advirtiendo de la falta de suministro en los asentamientos. La entidad paneuropea confirma que en diciembre de 2027 pedirá un informe a España
Resistir en la Cañada Real, hogar del eterno apagón: “Cuando al resto se les fue la luz, me buscaron. Ya sabía qué hacer”
El 26 de febrero del año pasado, el Comité Europeo de Derechos Sociales hizo pública su resolución ante una demanda colectiva contra España por dejar sin luz a la Cañada Real, un asentamiento en la vía pecuaria que discurre por la Comunidad de Madrid. Su dictamen era claro: ese corte del suministro eléctrico viola la Carta Social Europea, garante de derechos fundamentales para ciudadanos de la UE. El recorrido al que afecta se extiende entre Coslada, Madrid y Rivas, y se estima que en sus seis sectores llegaron a vivir unas 6.000 personas. Los más afectados están en el 5 y 6; especialmente en el último, donde no hay energía para regular la temperatura en meses de frío o calor, ni conservar alimentos o iluminar estancias de noche. Un año después, nada ha cambiado.
“Aquí seguimos igual. En mi caso, pendiente de juicio”, contesta Raquel al otro lado del teléfono. En mayo, una semana después del apagón eléctrico que dejó sin luz a todo el país salvo Canarias, esta mujer de 50 años –que lleva varios viviendo en el sector 6 de la Cañada Real Galiana– contaba a Somos Madrid su periplo legal para conservar la casa en la que reside, y en la que está empadronada. En la denuncia, abierta y a la espera de un veredicto, pugna contra una última resolución del Gobierno regional, que se acoge la ley regional de suelo o a la 39/2015 sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para instar a los titulares de “infraviviendas” (como consideran al domicilio de Raquel) que soliciten un realojo lo antes posible.
Más de un año después desde que se inició el corte del suministro en la Cañada, el 2 de marzo de 2022, varias entidades elevaron una reclamación conjunta al Consejo de Europa señalando que España había violado derechos como el de la vivienda, protección de la salud o contra la pobreza. Se personaron el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA), la ONG Defence for Children International, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo o la asociación de jueces europeos progresistas, MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés).
Garantizar los derechos de la Carta Social Europea sigue siendo responsabilidad del Estado
Comité Europeo de Derechos Sociales
En su resolución, el Comité Europeo de Derechos Humanos encargado de examinar la denuncia concluyó que cualquier ciudadano debe tener acceso “estable, constante y seguro a una [cantidad de] energía adecuada” para que puedan garantizarse algunos de sus derechos humanos básicos, mencionando entre ellos la vivienda, la salud o incluso la educación según lo que se proclama en la Carta Social Europea, que protege especialmente a niños, familias, mayores o personas con alguna discapacidad. El órgano del Consejo de Europa determinó que los Estados no pueden “externalizar” sus obligaciones en materia de derechos energéticos a empresas privadas aunque decidan que estas gestionen el suministro.
Una fecha clave para rendir cuentas: diciembre de 2027
“Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo responsabilidad del Estado”, estimó en una publicación sobre el caso en su página web el propio CEDH, que constató esa falta de recursos energéticos como una forma de exponer a la población a diversos “riesgos para la vida y la integridad física o moral”. En especial, puntualizó el daño que esto supone para los grupos más vulnerables de entre los afectados, mencionando además de niños o ancianos a personas migrantes o con problemas médicos. Y, sin embargo, la sentencia no plantea a priori ningún tipo de régimen sancionador contra España, más allá de la determinación de vigilar desde las instituciones europeas si el país revierte esta situación.
Eso sí, tiene una fecha tope. En respuesta a una consulta de Somos Madrid, el Consejo de Europa explica un procedimiento de “informe único” para hacer seguimiento de las resoluciones adoptadas en materia de derechos sociales. El tiempo de espera hasta solicitarlo es de dos años desde el momento en el que se toma la decisión, por lo que la institución paneuropea da a España hasta diciembre de 2027 para “cumplir la recomendación y subsanar las vulneraciones constatadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales”.
Un supermercardo en el sector 3 de la Cañada Real, en una imagen de archivo
De momento, desde la Cañada denuncian que no ha sido así. “El suministro eléctrico no ha sido restablecido y miles de personas, niñas, niños y adolescentes, continúan viviendo en un entorno torturador que vulnera derechos humanos básicos”, afirma la abogada e integrante de la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real, María López. Esta entidad fue la que comenzó a denunciar la situación, cuyo testigo fue recogido luego ante Europa por las cinco organizaciones que firman la demanda. López lamenta que, un año después de resolverse, “no solo no se ha cumplido”, sino que los cortes de luz continúan “agravando la vida de vecinos y vecinas” a la vez que se usan, a su juicio, como una “herramienta de presión” ejecutar “desalojos forzosos”.
El Pacto Regional que no logra cerrar el círculo en la Cañada
Estos desalojos son los que contempla el Pacto Regional por la Cañada Real. Es un acuerdo multilateral firmado el 17 de mayo de 2017 (cuando la presidenta era Cristina Cifuentes) en la sede del Gobierno autonómico, y en el que participan la Delegación del Gobierno, en representación del Estado; los grupos políticos con voz en la Asamblea de Vallecas y los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, además del propio Ejecutivo autonómico ahora con Isabel Díaz Ayuso.
Todos los firmantes se comprometieron a buscar soluciones al apagón involuntario, y también a publicitar los “acuerdos o acciones que se vayan acometiendo” en la Cañada Real, según difunde la Comunidad de Madrid en su portal oficial. Uno de los abogados del equipo jurídico que impulsó la reclamación colectiva, Francisco Javier Rubio (miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, el CAES, y especializado en asuntos de vivienda), es contundente sobre el hecho de que el Gobierno central no haya actuado de forma tajante con la falta de luz en la Cañada, incluso un año después de esta resolución: “El Estado juega a hacerse el sordo”.
Vista aérea de la Cañada Real Galiana, en una imagen de 2022
Desde el inicio, el Ejecutivo nacional ha sostenido que en la Cañada hay enganches ilegales al sistema eléctrico que en muchos casos provenían de plantaciones de marihuana, y que eso fue lo que llevó a Naturgy –la empresa privada que suministra luz en la zona– a eliminar conexiones consideradas sospechosas. El letrado de la causa en Europa explica a Somos Madrid que, hasta la fecha, sí ha habido algún movimiento reciente. Pero ninguno lo bastante contundente como para dar la vuelta a la situación. El pasado mes de diciembre se celebró un Comité de Ministros en el Consejo de Europa, el mismo órgano que condenó la actuación de España con la vía pecuaria y sus habitantes.
Uno de los puntos a debatir era la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado internacional que sí es vinculante y tiene por finalidad proteger la democracia o el Estado de Derecho entre los países firmantes. España se encuentra entre ellos de ellos. “Esta vez fue en un órgano político, y no judicial o parajudicial, donde se volvió a traer que existe una resolución en contra de lo que ocurre en la Cañada Real”, apunta Rubio. Aunque en realidad, las primeras señales de alerta se fraguaron hace más de tres años.
La urgencia de “evitar lesiones graves e irreparables”
En octubre de 2022, cuando en los asentamientos vivían unas 4.500 personas, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya pidió “medidas inmediatas” a España por el “grave impacto negativo” que tenía sobre la población esta falta de luz, aire o calefacción. El órgano del Consejo de Europa, una herramienta paneuropea que no depende directamente la UE pero reúne a 46 países, había recibido en marzo la demanda conjunta sobre la Cañada y, sin emitir aún una resolución firme, instó al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar cartas en el asunto para “evitar lesiones graves e irreparables a la integridad” de sus habitantes.
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que gestiona los realojos planteados en el Pacto Regional para vaciar la vía, delegan en el Comisionado para la Cañada Real, un cargo autonómico que ostenta Ignacio Sánchez Segura, la información actualizada sobre el número de reasignados, su perfil mayoritario o las zonas y el tipo de vivienda donde han sido ubicados. Contra el predecesor de Sánchez Segura, Markel Gorbea, se impulsó una investigación judicial que le llevaron a él y también al actual jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, al banquillo de los acusados. En julio, el primero fue absuelto mientras que al segundo lo condenaron por un delito de “prevaricación administrativa”.
Una imagen nocturna de la Cañada Real
El origen de la causa es el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada cuya orden firmó en 2022, y que ahora le ha valido una pena de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos (como el que aún ocupa) dentro del sector. Para Gorbea se pedían otros 10 años de inhabilitación pero quedó exento de toda responsabilidad, aunque consta como hecho probado que notificó por e-mail del supuesto abandono de la parcela. Una trabajadora del Comisionado en aquel entonces testificó en el juicio que su organismo “no instruye expedientes” y solo los almacena o administra, por lo que la decisión final quedó sobre el tejado de Julio César Santos.
Aquel caso fue abierto a raíz de la denuncia de un particular. Pero su historia ejemplifica la tensión que aún se vive en la Cañada Real por los realojos, a veces indeseados, para terminar con los asentamientos y chabolas en la zona. “Desde las asociaciones vecinales u organizaciones de apoyo seguimos exigiendo el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y el cumplimiento íntegro de la resolución europea, así como el fin de los desalojos forzosos y de las coacciones contra la población del barrio de Cañada Real”, sentencian desde la plataforma cívica por la luz en la vía pecuaria.
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