loading . . . Almeida asciende a directora de Calle 30 a una alto cargo que fue contratada por las empresas adjudicatarias Sonia Suárez, directora de producción en Emesa, pasó a ocupar un puesto análogo en la compañía pública que administra la principal vía de la capital después de que la gestión se remunicipalizara. Ahora ha sido la única candidata a la dirección gerente y su nombramiento ya se ha aprobado
El Ayuntamiento de Madrid contrata a una alto cargo de la empresa a la que cedió y luego recompró la gestión de M-30
Sigue la escalada en la pirámide de Calle 30, la empresa pública que administra la M-30 de Madrid, de una figura procedente de la compañía privada que ejercía parte de esas labores hasta hace solo unos meses. Sonia Suárez Moreno, directora de producción de Emesa hasta diciembre y nombrada con un puesto análogo en Calle 30 este mismo año (después de su remunicipalización total), ha sido designada ahora directora gerente de la compañía que depende del Ayuntamiento de la capital.
Así lo acredita el acta del comité de selección y la consiguiente propuesta de contratación, con fecha del pasado 24 de marzo, y lo confirman a Somos Madrid fuentes del área de Obras y Equipamientos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. El citado documento recoge la “admisión provisional” de la candidata SSM, siglas que corresponden a Sonia Suárez Moreno.
Según el acta, la suya fue la única candidatura para un puesto que de acuerdo a la propia convocatoria cuenta con una remuneración anual 103.000 euros brutos. Al no haberse presentado más solicitudes y acreditar la formación requerida o la falta de cualquier medida inhabilitadora, el comité presidido por el consejero apoderado de Calle 30 (el polémico exconcejal Javier Ramírez) validó la propuesta. El acta de valoración, de consulta pública en este enlace (al igual que otra documentación de estos procesos de contratación), permanece por el momento inaccesible.
Desde el área de Obras añaden que el nombramiento ha sido aprobado en la mañana de este lunes 13 de abril en el Consejo de Administración de Calle 30 “por mayoría”, así que la contratación e incorporación será inmediata, y recuerdan que “la convocatoria estaba abierta a todo aquel que estuviera interesado”.
En el departamento que lidera la edil delegada Paloma García Romero, la cual preside Calle 30 como labor asignada a su puesto, mantienen la defensa del primer nombramiento de Suárez y la hacen extensible a este ascenso: “La sociedad está adaptando su estructura y medios a la nueva forma de gestión”, dicen, razón por la cual “se han iniciado varios procedimientos de contratación de personal para dar cobertura a las nuevas necesidades de recursos humanos”. Sostienen que todos ellos se han desarrollado “conforme a la normativa aplicable, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes convocatorias abiertas a todas las personas interesadas, previamente autorizadas e informadas por el Ayuntamiento de Madrid”.
Auge en el escalafón de Calle 30 pese a acusaciones de “conflicto de intereses evidente”
Pero las críticas no llegan por el procedimiento o por el perfil de Suárez, sino por su vínculo directo con la antigua sociedad que gestionaba la M-30 y con parte de las empresas adjudicatarias que ahora reciben los contratos para su mantenimiento. Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena en Cibeles, alertaba en conversación con este diario de “un conflicto de intereses evidente” al colocar a una antigua dirigente de Emesa como alto cargo de la empresa pública. De hecho, cree que esa vinculación podría seguir vigente: “Cuando te nombran cargo público, sueles pedir excedencia en tu puesto de origen”.
Romero exponía la dificultad del puesto previo de Suárez, directora de producción, y las dificultades que entraña debido a la posición de la que procede: “Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo”. Una complejidad que ahora adquiere una nueva dimensión con este nuevo cargo, de mayor responsabilidad.
Según las bases de la convocatoria, las funciones de una directora gerente en Calle 30 incluyen “el impulso a las decisiones de los órganos sociales, gestionar los recursos humanos y tecnológicos, dirigir y coordinar unidas orgánicas, etc.” Todo ello “con la máxima autonomía y responsabilidad, solo limitado por los criterios e instrucciones que pueda dar el Consejero apoderado, el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas”.
Sonia Suárez trabajó en Emesa desde 2006, al poco tiempo de ejecutarse la privatización parcial de la administración de la M-30, un pozo para las finanzas municipales promovido por el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón que dilapidaba 55 millones de euros anuales. Suárez ocupó el alto cargo de responsable de producción de febrero de 2017 a diciembre de 2025, cuando dejó su puesto. Solo un mes después se incorporó a Calle 30, justo al materializarse la salida de Emesa en la participación de la sociedad y al completarse la remunicipalización.
Un cambio de modelo que mantiene adjudicaciones millonarias
Calle 30 es la sociedad municipal encargada del mantenimiento y explotación de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Con 48 kilómetros, se trata de la autopista más transitada de España y cuenta con la red de túneles urbanos más extensa de Europa: 32,5 kilómetros de un anillo que rodea el centro de la ciudad.
Después de la remunicipalización, Calle 30 continúa ejecutando diversas obras y proyectos en la vía a través de adjudicaciones con empresas privadas. Paradójicamente, esos contratos pueden ir a parar a empresas que antes integraban la propia Emesa.
Algunos de ellos alcanzan importantes cifras, como el formalizado el pasado noviembre (cuando la remunicipalización no se había completado y Suárez seguía en Emesa) por valor de casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles del anillo de la M-30. El órgano de contratación, la propia Calle 30, lo adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro. Algunas de esas compañías estaban integradas en la propia Emesa, conformada por Ferrovial (ahora renombrada como Serveo), Api Conservación (perteneciente al mismo grupo que Api Movilidad, imesAPI) y Dragados.
A raíz del nombramiento de Suárez y las millonarias adjudicaciones que el mantenimiento de la M-30 siguen suponiendo para la administración, Romero cuestionaba que el Ejecutivo de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública potente”. Una entidad encargada de “funciones básicas, ordinarias o repetitivas por mucho que luego se liciten labores concretas”. “Han vuelto a licitar contratos de conservación o mantenimiento y las antiguas integrantes de Emesa ahora son adjudicatarias de ellos. Se ha perdido una oportunidad brutal de ahorrar los márgenes de beneficios de las empresas”.
El problema, opina el exconsejero de M-30, es que eso “contradice el modelo de privatización, que solo han abandonado porque suponía destinar muchos fondos y era claramente una atrocidad”. Según Romero, “mantienen el trasfondo de inflar de contratos a las constructoras y ahora ponen a supervisar a alguien que conoce perfectamente ese modelo y que viene de él”.
Calle 30 volvió a ser una compañía de gestión completamente pública el pasado 1 de enero. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de la capital puso fin a una privatización parcial que arrastraba desde los tiempos de Gallardón y por la que gastaba 55 millones de euros al año. Una cifra calculada en la etapa de Romero, en 2017, cuando el equipo de Carmena impulsó una auditoría sobre su situación financiera. En total, el agujero ronda los 1.100 millones de euros.
Gallardón apostó en 2005 por un modelo de gestión a través de una empresa mixta para llevar a cabo el ambicioso soterramiento de la vía, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras agrupadas en la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa). Ferrovial, Dragados y Api Conservación constituyeron esta sociedad para firmar un contrato que podría extenderse hasta 2040. El dictamen final de la auditoría concluyó que el diseño de la sociedad resultó “lesivo para las arcas públicas municipales”.
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