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Europa no puede defenderse sin proteger a su gente Cada 9 de mayo recordamos la Declaración de Robert Schuman como el acto fundacional del proyecto europeo. Este año, además, conmemoramos los 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea: cuatro décadas de integración que han permitido avances históricos en derechos laborales, paz y cohesión social. Pero Europa no se defiende únicamente celebrando su pasado. Se defiende demostrando, hoy, que sigue siendo el mejor instrumento para proteger la vida cotidiana de su ciudadanía. Y esa utilidad está en cuestión. El modelo europeo atraviesa un punto de inflexión que pone en riesgo su propia razón de ser. Europa vive una etapa de inestabilidad profunda. La guerra en Ucrania, la escalada de tensión en Oriente Próximo y la extrema volatilidad del escenario internacional tienen un impacto directo en los hogares: encarecimiento de la energía, presión inflacionista y pérdida de poder adquisitivo. A ello se suma la incertidumbre que generala deriva política de Estados Unidos. Liderazgos como el de Donald Trump, que cuestionan alianzas históricas y el propio multilateralismo. Europa no puede depender de decisiones externas imprevisibles, pero tampoco puede permitirse que su cohesión interna se fracture. Porque el desafío no es solo geopolítico; es, ante todo, social y de clase. Con preocupación asistimos a un giro del debate comunitario hacia una visión peligrosamente desequilibrada. Bajo la influencia de los informes Letta y Draghi, se consolida una agenda centrada casi exclusivamente en la competitividad, la industria y el retorno de las reglas fiscales, mientras el Pilar Social Europeo queda relegado a un segundo plano. Se presentan como "inevitables" decisiones que amenazan con tener un coste altísimo para la mayoría social. Conviene decirlo con claridad: el regreso de la disciplina fiscal no puede convertirse en el eufemismo de una nueva etapa de austeridad que vuelva a descargar el ajuste sobre la clase trabajadora. Resulta especialmente preocupante que conceptos aparentemente amables, como la "simplificación normativa" o la "reducción de cargas administrativas", se utilicen como caballos de Troya para justificar procesos de desregulación que no buscan mejorar las normas, sino debilitarlas. En esa misma lógica se inscriben propuestas como el denominado "28.º régimen europeo", que entraña un riesgo evidente de fragmentación legal. Facilitar marcos normativos a la carta permitiría a algunas empresas eludir convenios colectivos nacionales y fomentar el dumping social, erosionando décadas de avances en derechos laborales. Este impacto social, además, no es neutro. Las brechas estructurales siguen atravesando el mercado de trabajo y los sistemas de protección social europeos. La brecha salarial de género, la penalización de las carreras laborales interrumpidas - que se traduce en pensiones más bajas - y la persistencia de los techos de cristal continúan marcando la vida de millones de mujeres. A ello se suma la situación de quienes sufren una precariedad reforzada por su origen, su orientación sexual o su identidad de género: personas migrantes y colectivo LGTBI concentran una parte desproporcionada del empleo precario, los salarios bajos y la inseguridad vital. No son desigualdades inevitables; son el resultado de un modelo que sigue... https://www.elplural.com/politica/espana/europa-no-puede-defenderse-sin-proteger-gente_389577102